Sin acuerdo, sin consenso y con los docentes en pie de guerra, el gobierno de Maximiliano Pullaro volvió a imponer la paritaria por decreto y dio por cerrada de manera unilateral la discusión salarial del primer semestre.

La decisión fue anunciada por funcionarios provinciales, que confirmaron que el aumento se pagará igual, aunque haya sido rechazado por la docencia, consolidando otro capítulo de fuerte confrontación con el sector educativo.

Paritaria por decreto y conflicto en las aulas

Mientras los gremios docentes votaron paro para el inicio de clases, la Casa Gris optó por romper el diálogo y avanzar con un decretazo, respaldándose en el aval de gremios estatales que sí aceptaron la oferta.

Desde el sector educativo denuncian que se impone salario sin negociación real, en un contexto donde la inflación sigue pulverizando ingresos y las escuelas atraviesan una situación cada vez más crítica.

Además, el gobierno habilitará declaraciones juradas para quienes no adhieran al paro, una medida que sindicatos califican como una maniobra para disciplinar y dividir a los docentes.

Clases bajo presión

Pese al clima de conflicto, el Ejecutivo insiste en que las escuelas abrirán igual. Sin embargo, en las bases docentes crece la bronca y advierten que el conflicto no se cierra por decreto, y que el malestar seguirá en aumento.

El ajuste también alcanza a los jubilados

El impacto no termina en los activos. El propio gobierno confirmó que los jubilados provinciales seguirán cobrando los aumentos con atraso, recién 30 días después.

Aunque lo presentan como una mejora, en la oposición y entre sectores previsionales sostienen que se blanquea un recorte estructural a los pasivos, que continúan perdiendo frente a la inflación mientras la provincia les corre los aumentos.