Presentaron una ampliación de la denuncia ante el MPA con documentación y un video en el que el propio legislador reconocería operaciones comerciales con empresas vinculadas a obras públicas financiadas por la Provincia.

Una ampliación de la denuncia fue presentada ante el Ministerio Público de la Acusación (MPA) para que se investigue la posible comisión de delitos por parte del senador provincial por el departamento San Javier, Oscar Dolzani, en el marco de su actividad comercial vinculada a obras públicas financiadas por el Estado santafesino.

La presentación fue realizada por Luis Gorosito y Claudio Palo Oliver, quienes incorporaron nueva documentación y un archivo audiovisual. Según indicaron, en ese material el propio legislador reconocería operaciones comerciales entre su empresa, el Corralón Dolzani, y firmas que ejecutan obras financiadas por la Provincia.

Entre las pruebas aportadas se encuentra un video publicado por el senador en sus redes sociales, donde realiza un descargo público sobre la denuncia en su contra. De acuerdo al escrito, en ese mensaje Dolzani admite haber realizado ventas a la empresa Obring S.A., una de las firmas vinculadas a la obra de defensa contra inundaciones en San Javier.

Los denunciantes sostienen además que el propio legislador habría reconocido que este tipo de operaciones comerciales se repitieron en otras intervenciones, como la construcción de un parque solar en el departamento, siempre con empresas que ejecutan obras financiadas por el Estado provincial.

A partir de estas manifestaciones públicas, la ampliación solicita que el MPA investigue no solo la posible figura de negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, sino también incumplimiento de los deberes de funcionario público, instigación a cometer delitos y amenazas coactivas, en función de expresiones vertidas por el senador en ese mismo descargo.

En el escrito se afirma que Dolzani habría reconocido relaciones comerciales con empresas que reciben fondos provinciales durante los años 2024 y 2025, lo que —según los denunciantes— podría configurar conflictos de intereses e incompatibilidades con su rol legislativo.

La ampliación incorpora formalmente el archivo audiovisual y solicita nuevas medidas de investigación, entre ellas informes a organismos fiscales, pericias contables, informes bancarios y requerimientos a las empresas involucradas, con el objetivo de determinar el alcance de las operaciones y su eventual vinculación con fondos públicos.

La denuncia original había sido presentada el 5 de febrero y apuntaba a una supuesta venta de materiales y servicios por más de 18 millones de pesos desde el Corralón Dolzani a Obring S.A., integrante de la UTE adjudicataria de una obra pública en San Javier financiada por el Estado provincial.

SIN MORDAZA