El Gobierno de Javier Milei dispuso que el Estado argentino deje de ser querellante en la causa que investiga las irregularidades en el préstamo que la administración de Mauricio Macri contrajo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), en 2018.

La decisión implica que la Procuración del Tesoro de la Nación cese su intervención en la causa N° 3561/2019, que intentaba determinar las responsabilidades de esa operatoria que podrían haber perjudicado al Estado argentino.

El actual ministro de Economía, Luis Caputo, era ministro de Finanzas al momento de tomar esa deuda, y Federico Sturzenegger era titular del Banco Central, cargo en el que luego fue reemplazado por el propio Caputo.

Decreto de Milei

La medida fue oficializada mediante el decreto 87/2026, publicado en el Boletín Oficial, con las firmas de Milei y del ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona.

En sus considerandos se argumenta que la Procuración actuó de forma excepcional y que intervenir en causas penales no forma parte de su especialidad técnica.

La causa había sido iniciada en 2021 cuando se instruyó a la Procuración a recuperar eventuales daños y perjuicios por los 44.500 millones de dólares otorgados al gobierno de Macri, la mayor deuda en la historia del FMI.

La denuncia buscaba establecer si existieron delitos como violación de deberes de funcionario público, abuso de autoridad, malversación de fondos y defraudación contra la administración pública.

La decisión de retirar al Ejecutivo como querellante se tomó luego de que la jueza María Eugenia Capuchetti archivara la causa, al concluir que los hechos no constituían delitos sino discrepancias con decisiones de política económica.

Según el decreto, el Ministerio Público Fiscal es el órgano competente para impulsar la acción penal y su rol debe preservarse con independencia.

También se aclara que el Estado no renuncia al reclamo por daños y perjuicios, ya que la acción civil podrá continuar.

Causa archivada y apelación

A pesar del archivo, el fiscal Franco Piccardi apeló la decisión.

Sostuvo que los hechos afectan directamente a la comunidad y al sistema democrático, y afirmó que podría existir un entramado delictivo tangible.

El fiscal recordó que hubo:

• Violación de normativa obligatoria para la toma de deuda pública;

• Falsedades sobre el destino y uso de los fondos del FMI;

• Administración ruinosa que generó una deuda insostenible en beneficio de un grupo privado concentrado;

• Administración arbitraria que impidió controlar la trazabilidad del dinero y produjo perjuicios al Estado y a la sociedad.